SOCIEDAD

Así ayuda Benimaclet a las personas migrantes en la regularización extraordinaria

Benimaclet cuenta con dos de las entidades sin ánimo de lucro autorizadas en la provincia de Valencia para colaborar en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes residentes en España aprobado por el Gobierno.

Son la asociación que defiende los derechos de las personas migradas Rumiñahui y la Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC), que no han dudado en inscribirse desde el principio en el registro del Ministerio de Migraciones que las habilita para expedir el certificado de vulnerabilidad y tramitar el expediente de regularización.

Desde el pasado 20 de abril, cuando comenzó el plazo presencial para acogerse a este proceso excepcional dirigido a las personas migrantes en situación irregular llegadas a España antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido al menos cinco meses de forma continuada, y hasta el 30 de junio, cuando finaliza, van a acompañar de forma desinteresada a estas personas que necesiten su ayuda.

En sus sedes emiten de manera gratuita un documento clave: el certificado que acredita que están en situación de vulnerabilidad, necesario para muchas de estar personas y que hay que presentar junto a otros documentos, como por ejemplo el certificado de antecedentes penales del país de origen.

Rumiñahui: 1.500 personas atendidas

En el local de Rumiñahui Valencia, en la calle Marcelino Giner de Benimaclet, calculan que han atendido durante los primeros días de este proceso extraordinario a unas 1.500 personas. Los carteles en varios idiomas en el exterior del local dan fe de que hasta aquí viene gente de distintas nacionalidades.

Valeria Toalombo habla con Disfruta Benimaclet durante la Feria de la Salud de Benimaclet.

Colombia, Marruecos, Pakistán, Ecuador, Argelia, Honduras, Nepal, India, Filipinas, China, Venezuela, Argentina y Cuba son los países de origen de la mayoría de migrantes que han acudido a la sede Rumiñahui Valencia, explica a Disfruta Benimaclet su coordinadora, Valeria Toalombo Díaz.

“Nos estamos sobrecargando muchísimo de trabajo, asegura Valeria, quien precisa que “mucha gente se está desesperando” por lograr el certificado de vulnerabilidad, que es “primordial para su regularización» y el único documento que les falta a muchos que ya han ido adelantando el papeleo, lo que llevó a que se formara al principio “una cola gigante”.

El problema de las colas

“El primer día había gente que se había quedado a dormir desde las 7 del día anterior”, lamenta la coordinadora de Rumiñahui Valencia, para quien esmuy triste” que estas personas tengan que pasar la noche en la calle para obtener un documento, algo que las hace “más vulnerables” de lo que ya son.

Exterior de la sede de Rumiñahui en Valencia
Personas migrantes ante la sede de Rumiñahui. ©DsftBenimaclet

El hecho de que al principio solo fueran 12 o 13 las entidades autorizadas para expedir el certificado de vulnerabilidad hizo que acudieran hasta el local de Benimaclet “personas de Castellón, de Alicante y de varios pueblos de Valencia”. De hecho, Valeria calcula que el primer día expidieron 700 certificados. La intención ahora es emitir unos 200 certificados diarios en su horario de atención, de 10 a 14 horas.

Doce personas, entre el equipo de la asociación y voluntarios -parte de ellos movilizados por la asociación vecinal-, se han organizado para que la gente acuda con cita previa y así solo tenga que emplear el tiempo que dure la entrevista que les hacen para rellenar el informe de vulnerabilidad, pues la mayoría va a por este documento, aunque también hay quienes necesitan ayuda para la tramitación.

Valeria considera “un poco contradictorio” que se pida como requisito el certificado de vulnerabilidad, cuando “una persona migrante que no tiene accesibilidad al empleo, a un trabajo digno, ya está siendo vulnerable”. Además, explica que hay personas que “lo necesitan ya” porque su certificado de penales está a punto de caducar, y otras a las que les cuesta entender cómo hacer esta burocracia, pues el idioma es otra barrera.

Sede de Rumiñahui en Benimaclet durante el proceso de regularización.
Atención a personas migrantes para la regularización en la sede de Rumiñahui. ©DsftBenimaclet

De la cola a voluntario

Entre los voluntarios en el local de Rumiñahui encontramos a un joven de 26 años de Marruecos que estuvo en la cola para conseguir su certificado de vulnerabilidad y luego volvió para ayudar, pues se dio cuenta de que hacían falta personas que hablaran otros idiomas para traducirles los trámites y él sabe árabe, francés, inglés y español.

“Me gusta mucho ayudar a la gente y me siento muy agradecido a lo que ha hecho el Estado, por lo que quería hacer algo antes de tener mis papeles”, explica a Disfruta Benimaclet este joven que lleva siete años en España y que no quiere dar su nombre porque por ejemplo su casera no sabe cuál es su situación.

Agradece este proceso de regularización, que les va a permitir “empezar de cero”, y se va a quedar a ayudar “hasta el fin de todo esto”, pues reconoce que encontrar a alguien que hable el mismo idioma da seguridad a las personas que están en la cola. Y además quiere demostrar a quienes dicen que los extranjeros “son delincuentes” que todos no son iguales.

El respaldo de ACOEC

En la sede de la ONG ACOEC, en la calle Enrique Navarro de Benimaclet, también están dando apoyo a las personas que quieren regularizar su situación, un proceso que, según destaca su coordinadora y presidenta, Marta Asensi, ha sido posible gracias a un movimiento ciudadano que recogió más de 700.000 firmas de personas españolas en todo el país.

Marta Asensi habla con Disfruta Benimaclet en la sede de ACOEC.

“No nos lo pensamos y nos inscribimos como entidad colaboradora sin saber lo que nos íbamos a encontrar”, señala a Disfruta Benimaclet Marta. Asegura que, con los medios de que disponen, están haciendo todo lo que está dentro de sus posibilidades para apoyar a la gente que entra por la puerta del local, les llama por teléfono o les escribe un correo.

Lo que han encontrado es a muchísimas personas con mucha prisa por finalizar el papeleo, ya que les caduca el certificado de antecedentes, a las que atienden con cita previa para emitir el certificado de vulnerabilidad. Y en casos muy concreto, como personas en situación de calle o que no tienen competencias digitales básicas, también hacen la tramitación.

Sede de ACOEC en Benimaclet
Emisión de certificados de vulnerabilidad en ACOEC. ©DsftBenimaclet

Por justicia social

Destaca que “es una situación de emergencia” en la que tenían que estar, “por justicia social y por responsabilidad”. No se trata de caridad ni nada similar, insiste la presidenta de ACOEC, quien calcula que en el tiempo que va a durar el proceso de regulación extraordinaria atenderán a unas 500 o 600 personas en total.

Echa en falta en el registro de entidades colaboradoras a fundaciones y entidades “muy grandes”, que cuentan con fondos propios, subvenciones y “un músculo muy importante de voluntariado” pero todavía no están. Y lamenta que en ayuntamientos como el de València “está siendo muy difícil” conseguir el certificado de vulnerabilidad, lo que ha generado colas de pasar la noche en la calle, algo que va “totalmente contra la dignidad humana”.

Marta explica que personas de muchas nacionalidades acuden al local de ACOEC para este proceso, aunque por la trayectoria de la ONG tienen mucho contacto con gente del norte de África, como Marruecos y Argelia, y se ha corrido la voz entre ellos. Cuentan además con un voluntario que ayuda a estas personas con el idioma.

Sede de ACOEC en Benimaclet
Una persona migrante en la sede de ACOEC. ©DsftBenimaclet

Y va también gente que vive en Benimaclet, pero que “no se ven”, y que desde ACOEC intentan que participen en la vida del barrio. “Pero sí que es verdad que en Benimaclet tendríamos que mirar de hacer un barrio más acogedor para las personas migradas, reivindica.

El Gobierno de España calcula que medio millón de personas -de ellas unas cien mil en la Comunitat Valenciana– se podrán beneficiar de esta regularización extraordinaria (la séptima desde los años 80) y así poder acceder a una autorización de residencia y de trabajo legal en España con una vigencia de un año.

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